Indignante

Me encuentro con una noticia que llama mi atención por su título:

EL INFIERNO DE UNA PARTURIENTA

Y mi indignación fue mayúscula cuando leí el contenido: Esta nota de Marta Lamas que publica Proceso es aberrante, indignante, insoportable. Es el caso de una mujer mexicana, inmigrante indocumentada, que fue detenida por un sargento estadounidense, de esos que creen tener la verdad absoluta y que son algo muy cerca de las bestias (con perdón de éstas) por su falta de sentimientos.
Juana iba manejando la camioneta de su esposo, estaba embarazada, casi a punto de dar a luz e iba acompañada de sus tres hijos.
Mientras conducía entró en labor de parto, pero tuvo la desgracia de encontrarse con el “guardián de la autoridad” y empezó su calvario.
Timothy Ray Coleman es el nombre del inhumano sargento la detuvo, la arrestó por no tener licencia de conducir, una infracción que suele resolverse con una multa. Pero por la “política de seguridad” estadunidense, a ciertas policías les han otorgado facultades migratorias, y el sargento, sin duda cegado por “su alto sentido del deber” (xenofobia mejor dicho), se la llevó a la cárcel, eso sí, sin jamás informarle de su derecho a realizar una llamada al consulado mexicano.
Juana Villegas fue recluida casi 48 horas, hasta que se le rompió la fuente. Entonces la llevaron a un hospital, donde permaneció atada de una mano y un pie a la cama y custodiada en todo momento por dos agentes. A la hora del parto, el médico pidió a los agentes soltarla y salir del cuarto, pero éstos, cumpliendo estrictamente órdenes (no fuera a ser que ella huyera, aprovechando la cómoda ocasión), sólo se pusieron de espaldas. Después del parto, Juana Villegas no pudo darle el pecho al niño, su cuarto hijo, pues la regresaron a la cárcel. Ahí pidió un tiraleche para poder alimentar al bebé, y se lo negaron.
“A nadie, en las condiciones de salud que presentaba Juana cuando fue detenida, se le puede tratar de forma tan inhumana, tuviera o no papeles para estar legalmente en el país”, dijo su abogado Elliot Ozment. “La han tratado peor de lo que la gente en Nashville trata a sus perros”. Bueno, lo que pasa es que los perros sí son estadounidenses.
Mientras tanto, el sheriff Darron Hall asegura que se actuó como “lo dicta el procedimiento”. Una versión moderna del “yo sólo cumplí órdenes”. Por lo pronto, habría que comprobar si “el procedimiento” especifica qué hacer con una parturienta y con una criatura recién nacida en territorio de Estados Unidos. ¿Qué nacionalidad tiene ese bebé?
Mientras Juana Villegas se prepara para un complejo proceso judicial que se inicia este lunes, organizaciones feministas y de derechos humanos emprenden una campaña de protesta por el trato que sufrió. Más allá del estupor y la indignación que provoca el maltrato a una mujer a punto de dar a luz, y luego recién parida, lo que el caso ilustra con crudeza es la actitud del gobierno estadunidense hacia nuestros compatriotas. En un estado de derecho –porque eso es lo que se supone que es Estados Unidos– se debe, ante todo, respetar los derechos humanos, no importa que se trate de un inmigrante ilegal.
Juana Villegas es madre de cuatro niños nacidos en Estados Unidos. Ella, como tantos otros migrantes mexicanos, ha hecho su vida bajo condiciones previamente existentes y heredadas, y no libremente elegidas. Comprender esas circunstancias, que no dependen de su voluntad, es una de las primeras tareas que deberían emprender nuestros arrogantes vecinos para encontrar una solución justa y humanitaria.
La política estadounidense contra los inmigrantes cierra los ojos frente a su propia necesidad de mano de obra buena y barata, y abusa de la vulnerabilidad en que coloca a los migrantes. Quienes se quejan de la invasión mexicana están ciegos frente a la oferta laboral estadunidense: si no existiera esa oferta, no habría tanta migración. Pero nada de eso toman en cuenta las autoridades de la Unión Americana, ni reconocen cuánto ha contribuido la migración procedente de México a mejorar las condiciones de la vida material de millones de estadounidenses.
Alguien piensa de verdad que deteniendo así a una mujer, asustando a sus chiquitos, impidiendo que el recién nacido sea amamantado, se van a modificar las condiciones que hacen posible el flujo migratorio? Si atendemos los hechos, ¿era necesaria tan brutal arbitrariedad? Porque, incluso si aceptáramos por un momento que fue un delito de Juana estar de ilegal, la policía de Estados Unidos no tiene derecho a tratarla de la manera en que lo hizo, ni tiene derecho de privar a la criatura de estar con su madre y de alimentarse del seno materno. ¿Se imaginan el escándalo que hubiera hecho el gobierno de Estados Unidos si a una ciudadana estadunidense, detenida por algún delito, se le hubiera tratado así en nuestro país?
La “política de seguridad” de Estados Unidos ha hecho de los inmigrantes mexicanos (y latinoamericanos) chivos expiatorios de un sistema que se cuartea por todos lados. La sociedad estadunidense deberá reflexionar si vale la pena que el precio a pagar por incrementar el control migratorio sea la deshumanización de sus gobernantes, funcionarios y policías. Por lo pronto, lo que me llena de curiosidad es qué va a hacer ahora nuestro gobierno… Y lo peor, más preocupante aún es que miles de compatriotas se ven en la necesidad de emigrar a ese país donde se pisotean sus derechos humanos en busca de una mejor vida, misma que se les niega en México. Todo esto es de verdad INDIGNANTE.